Juan Daniel Amelong no pasó una feliz Navidad. El lunes pasado recibió la notificación de que el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario rechazó su pedido de prisión domiciliaria. El represor lleva veintiún años detenido por delitos de lesa humanidad perpetrados en el ámbito del II Cuerpo de Ejército y se encuentra en el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo, pero no pierde la esperanza de recuperar la libertad.
Amelong tiene tres condenas de prisión perpetua —una firme— y otras condenas a 13 y 10 años de prisión, firmes. “Se ha ganado el título de represor paradigmático. Es alguien muy perverso, que reivindica permanentemente los delitos que cometió”, destaca el fiscal general Adolfo Villate.
El trámite del pedido de prisión domiciliaria volvió a demostrar la catadura del reo. Durante el examen dispuesto por el Tribunal, Amelong amenazó al perito de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a quien apuntó con el dedo mientras decía: “Estoy mal por personas como esta”.
“Si hace esto bajo custodia en el Cuerpo Médico Forense, sede federal y dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su peligrosidad en un domicilio se acrecentaría notablemente”, argumentó Villate, a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, al oponerse a la prisión domiciliaria del represor.
El fiscal federal recordó además que Amelong posee al menos diecisiete armas de fuego cuyo destino se desconoce. Según un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el represor estaba registrado como titular de veintidós armas de fuego. Cinco armas de ese arsenal privado habrían sido transferidas a nuevos propietarios, aunque no hay mayores certezas al respecto: los trámites respectivos no mencionan datos de vendedores ni justifican el origen del armamento.
El arsenal de Amelong fue el motivo de una causa que terminó archivada ya que las armas no fueron encontradas en el allanamiento de su casa. Además de señalar la irregularidad con respecto a la tenencia, la Unidad Fiscal no descarta que las armas continúen a disposición del represor.
Amelong pidió la prisión domiciliaria con un escrito firmado por Miguel de Jesús Mendoza Karbowski, médico venezolano que hace guardias en el Servicio Penitenciario Federal. El médico opinó que el Instituto Penal Federal, más conocido como Unidad 34 de Campo de Mayo, no dispone de los requisitos para atender urgencias médicas. Amelong moriría si tuviera un infarto, dramatizó el abogado del represor, pero para tranquilidad de la defensa los exámenes médicos constataron que goza de buena salud, se mantiene en forma haciendo una hora de ejercicio por día y en particular el examen cardiovascular negó que exista dolor precordial, primer síntoma de alarma de un infarto o problema cardíaco agudo.
Ante los pedidos de informes del Tribunal y de la Unidad Fiscal, la Dirección de Sanidad penitenciaria desmintió al médico de guardia: “La Unidad cuenta con personal de salud las 24 horas todos los días. La atención médica se organiza conforme a horarios y días establecidos, con cobertura médica programada, complementándose con el servicio de enfermería permanente y el sistema de derivación sanitaria extramuros ante urgencias/emergencias”.
Condenado y bajo investigación
Amelong fue condenado hasta ahora por 36 asesinatos agravados, 72 torturas y 59 privaciones ilegítimas de la libertad. Los hechos surgen de su actuación como segundo jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia, con el rango de teniente, dentro del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Argentino.
Su prontuario incluye las siguientes causas:
Guerrieri I: en la que se investigaron crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Fábrica de Armas Portátiles Domingo Matheu, la escuela técnica N° 288 “Osvaldo Magnasco”, el Batallón de Inteligencia 121 y en los conocidos como Quinta de Funes, La Calamita, y La Intermedia (propiedad privada de Amelong). Condena firme de prisión perpetua firme (2010).
Guerrieri II: continuación de la anterior. Condena firme de 10 años de prisión (2013).
Zaccaría: por sustracción de los hijos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela y supresión de estado civil de las víctimas. La niña recuperó su identidad y aún se busca el paradero del niño; la causa toma el nombre del médico militar Juan Zaccaría. Condena firme de 13 años de prisión (2016).
Guerrieri III: por delitos contra 47 personas —24 siguen desaparecidas— que pasaron por los centros clandestinos Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Calamita y La Intermedia. Condena a prisión perpetua (2017).
Guerrieri IV: por crímenes contra 116 víctimas del Destacamento de Inteligencia 121 y la Delegación Rosario de la Policía Federal. Condenado a prisión perpetua (2023).
“Amelong ha sido perverso en muchos sentidos. Se considera un preso político y en consecuencia desconoce los juicios por hechos en los que él participó y que no fueron calificados como un conflicto armado, según pretende”, dice el fiscal Villate.
Además está imputado en la causa “Fariña Jorge Alberto y otros s/homicidio agravado por el concurso de dos o más personas”, por las desapariciones de Gervasio Ramón Girau, Edmundo Jerónimo Candiotti y Miguel Membrive Valdivieso.
Amelong se encuentra involucrado en los entierros clandestinos realizados en Campo San Pedro, que investiga la Justicia Federal en la ciudad de Santa Fe. En ese predio del Ejército a 40 kilómetros de la capital provincial fueron enterrados veintisiete detenidos-desaparecidos, según el testimonio del ex agente Eduardo Costanzo. El 9 de junio de 2010 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) halló ocho cuerpos en una fosa común, seis de los cuales fueron identificados, y la búsqueda continúa.
Los entierros clandestinos en Campo San Pedro son parte del documental Caían del cielo, de Rubén Plataneo, estrenado el 23 de octubre. El título de la película retoma un testimonio de Valeria Silva, referente de Hijos: “Se refiere a la investigación sobre Isla Sebastián, en el pre Delta que comienza algo más abajo de Paraná, a partir de pobladores que relataron haber visto grandes bultos arrojados desde helicópteros y cuerpos flotando en el río entre 1977 y 1978 y mencionaron una rastrillada de fuerzas conjuntas en la zona que movilizó a cientos de efectivos”, explica Plataneo.
Caían del cielo expone testimonios sobre los entierros clandestinos y documenta el trabajo del EAAF. Entre las víctimas desenterradas en Campo San Pedro fue identificada María Esther Ravelo, la no vidente secuestrada el 17 de septiembre de 1977 junto a su esposo Etelvino Vega de la casa de Santiago 2815, Rosario. Las personas halladas en la fosa común presentaban lesiones en el cráneo compatibles con heridas de armas de fuego.
Delitos de poder
El Tribunal que rechazó la prisión domiciliaria de Amelong estuvo integrado por Román Lanzon, Eduardo Rodríguez Da Cruz y Elena Dilario. Los mismos jueces resolvieron en otra causa el cese de prisión preventiva de otros represores no menos paradigmáticos: Pascual Guerrieri y Jorge Fariña. El ex segundo jefe del Destacamento 121 y el ex jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia siguen en prisión domiciliaria.
“Los jueces entendieron que como Fariña y Guerrieri están cumpliendo pena, a disposición y controlados por el juez de ejecución, una prisión preventiva sería innecesaria”, explica el fiscal general Villate. La resolución se inspira en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 23 de octubre benefició a Carlos Castillo, un civil que perpetró crímenes de lesa humanidad como parte de la Concentración Nacional Universitaria.
Castillo fue condenado a prisión perpetua en 2017 y actualmente se encuentra procesado. La Corte Suprema ordenó revisar la última prórroga por seis meses de su prisión preventiva; el hecho de que un imputado esté acusado de gravísimos delitos no justifica por sí solo la imposición o extensión de la medida, que debe acreditarse para cada caso, según el fallo.
“Nosotros decimos que se trata de delitos de poder y que los imputados pueden tener alguna llegada para modificar su situación o el trámite de las causas —argumenta Villate—. Si el poder político da un visto bueno para las prisiones domiciliarias o dice que hubo una guerra, esas consideraciones validan los cambios de algunas posturas en los jueces. Estamos en esa situación”.
“Acá había una guerra, un conflicto bélico (…) Ese conflicto armado no terminó. Terminó como armado, pero sigue”, declaró Amelong en la causa Guerrieri I; calificó al terrorismo de Estado como un mito y justificó la represión ilegal: “Algunos impartieron las órdenes. Otros cumplimos las órdenes. Algunos, operaciones de combate, otros logísticas. Me hubiera gustado participar en más operaciones de combate”. En otro tramo hizo un alarde macabro: “Con mis amigos sabíamos qué hacer”.
Nacido el 11 de enero de 1952 en Rosario, Amelong también reivindicó su participación en el Operativo Independencia en Tucumán y el préstamo de la quinta La Intermedia para alojar a detenidos-desaparecidos y cometer crímenes. El lugar fue objeto de una inspección ocular guiada por Eduardo Costanzo. “Acá los mataban. Les pegaban dos tiros en el corazón, con silenciador”, dijo el ex agente de Inteligencia.
Durante la pandemia, Amelong presentó un primer pedido de prisión domiciliaria; en 2024 solicitó la libertad condicional, lo que fue rechazado por el juez Germán Sutter Schneider. En la Unidad Fiscal descuentan que volverá a la carga, teniendo en cuenta las opiniones que sostiene parte del gobierno nacional —en el debate de los candidatos a la vicepresidencia, en 2023, Victoria Villarruel defendió a Amelong como “víctima del terrorismo” y previamente lo citó en sus libros— y la puerta giratoria de la Justicia para los represores: según publicó la periodista Luciana Bertoia, no quedan más de 80 en prisión.
Amelong provocó a los jueces, se jactó de sus crímenes, hizo comentarios ofensivos sobre las víctimas, se burló de los familiares, tildó de terroristas a sus acusadores. Pero el contexto actual favorece sus pretensiones, aun con el revés ante el Tribunal Oral Federal número 1.
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