En un tiempo donde el gobierno nacional parece haber detenido la caída de popularidad que operó en los meses de salida del invierno, a partir de un inesperado control de las variables financieras y del éxito relativo del blanqueo de capitales más sui generis que se tenga memoria (casi todos los gobiernos impulsaron blanqueos, aunque nadie con las facilidades que propone el actual), la oposición intentará dar este martes una prueba de que está viva en Diputados. Y con altas posibilidades de complicarle el panorama de fin de año del gobierno, hasta hoy bastante más auspicioso que cualquier cálculo realizado antes de octubre.
Unión por la Patria y al menos otros cuatro bloques intermedios y menores (Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y posiblemente la izquierda), irán este martes por la modificación de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el rechazo al Decreto 846/2024 (justamente un DNU) donde la Casa Rosada se autohabilita a reestructurar la deuda en moneda extranjera sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley de Administración Financiera, entre otras cosas obtener la autorización del Congreso.
La modificación a la Ley 26.122 que regula los DNU desde 2006 propone cambios fundamentales que podrían lastimar la estrategia política principal de la Casa Rosada, que “legisla” por decreto y gobierna con minorías, a propósito de la aplicación sistemática de los vetos, que luego obligan a la oposición a la una “insistencia”, pero que la compele a reunir una mayoría hiper agravada de dos tercios sobre los presentes.
En dos ocasiones -aumentos jubilatorios y de presupuesto universitario- Milei se colgó del travesaño y consiguió sostener los vetos con cifras de votos apenas superiores del 33 por ciento de los presentes. Esta nueva batalla legislativa buscar modificar de base esa estructura legal vigente.
El primer cambio radical que se propone es que los DNU deban ser ratificados por las dos Cámaras, o de lo contrario pierden su vigencia a los 90 días de publicados. En la actualidad la situación es inversa: si no hay rechazo explícito de las dos cámaras, el DNU sigue vivo y vigente. Como es el caso del 70/23, rechazado por el Senado y nunca tratado en Diputados.
De prosperar la reforma, con el rechazo de alguna de las dos cámaras cualquier DNU quedaría anulado. Por caso, el 70/23 de enorme alcance, no podría prosperar en una situación a futuro, aunque no sería alcanzado por la nueva ley, ya que nunca se legisla de manera retroactiva.
Por esa razón, el bloque de la izquierda de inspiración trotskista (cinco miembros) viene insistiendo en sumar el 70/23 al temario de este martes 12 de noviembre. También UxP apoya esa iniciativa, pero los opositores oscilantes y mayormente dialoguistas con el gobierno liberal que incorpora de manera creciente rasgos de autoritarismo, no quieren voltear el DNU 70/23 “porque contiene muchos elementos, como la ley de alquileres, que sería un problema que vuelva a reestablecerse –ley anterior” dijo, por caso Miguel Angel Pichetto, de Encuentro Federal-.
Lo que se espera para esta ley es una saga parecida a lo ya sucedido con el caso jubilados y universidades. Pero se sabe, tanto va el cántaro a la fuente, que la fuente, un día, se podría romper. La anomalía de gobernar con DNU sistemáticamente y para temas centrales, por ahora no ha producido una reacción acorde a la profundidad de la alteración que vino a producir el gobierno de Javier Milei. O por algún descalabro social, por ahora controlado por la represión de las fuerzas de seguridad y por la falta de rebeldía manifiesta, o por nuevas variaciones en los bloques parlamentarios: hoy acompañan a LLA en el bloque ampliado del veto el PRO, los radicales “con peluca” y el MID -un desprendimiento libertario-; lo cierto es que el club del veto ha funcionado hasta acá.
En el caso de los radicales “con peluca”, vale recordar que el santafesino Mario Barletta, si bien no integró la fracción que se fue con Facundo Manes, decidió formar un monobloque y ya no responde al cordobés Rodrigo De Loredo.
El otro tema con que este martes la oposición pondrá en problemas al oficialismo refiere al Decreto 846/2024, con el que la Casa Rosada se autoexime de cumplir con la ley de Administración Financiera.
En su artículo 65, esta ley nodal para la democracia exige que cualquier acuerdo nuevo de reestructuración de la deuda en monera extranjera debe ser mejor en materia de plazos, intereses o montos. El DNU de Milei elimina ese requisito.
El peronismo, a través de sus jefes de bloques a ambos lados del Palacio, ya avisó que ahora tiene una nueva presidente, Cristina Kirchner, que no acompañará ninguna reestructuración de deuda que soslaye el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera.
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