El gobierno de Santa Fe colocó fajas con la leyenda “obras paralizadas” en los dos loteos de Funes que se encuentran ubicados en un sector inundable y que representan “un riesgo ambiental”.
La medida se efectuó a través de las secretarías de Asuntos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas y de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, se colocaron las fajas con la leyenda de “obras paralizadas” en dos obras que se realizaban en un sector inundable, lo que representa un riesgo ambiental no solo para la ciudad de Rosario y todos los habitantes de la cuenca del Ludueña, sino también para quienes construyen allí sus viviendas.
Se trata de los emprendimientos Damfield (ubicado en el sector sur de Funes, lindero al norte con la ruta provincial N° 34-S y la Autopista Rosario-Córdoba y al este del Barrio Kentucky) y La Reserva (se encuentra sobre un camino rural, continuación a calle Galindo, lindante a dos canales históricos y en proximidades de la reserva San Jorge). “Las obras se realizan en un sector inundable y que representa un riesgo ambiental, no solo para la ciudad de Rosario y todos los habitantes de la cuenca del Ludueña, sino también para quienes construyen allí sus viviendas”, sostuvo el gobierno en un comunicado.
La trascendencia que le otorga la Casa Gris al tema quedó reflejada en un decreto que sacó esta semana sobre el tema: por pedido del gobernador Maximiliano Pullaro, llevó la firma de todos los ministros.
Los cuestionamientos a las urbanizaciones en esos lugares no son nuevos. Tanto el Ente Coordinador Metropolitano de Rosario (ECOM) como la UNR habían advertido de los riesgos y las consecuencias negativas que traería urbanizar sobre la cuenca del arroyo Ludueña. A ello —y fundamental— se suma que una ley provincial aprobada en 2012 prohíbe aumentar el caudal de agua del Ludueña por el riesgo de nuevas inundaciones.
En el caso del loteo La Reserva —proyecto que encabezaría Damián Calabrese, el mismo desarrollador de Puerto Roldán y Aguadas— no hay ningún papel ingresado en la provincia. Damfield —cuyo principal accionista es el exfutbolista Maxi Rodríguez— tiene apenas el certificado 1 (provisorio) de Recursos Hídricos que le otorgó la gestión Perotti. Le faltan el 2 y el 3. Tampoco tiene la habilitación de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Es decir, los dos están flojos de papeles.
“Los gobiernos locales deben tener planes de ordenamiento territorial. Hace pocos meses vimos lo que sucedió en Brasil con las inundaciones, no se trata solo de una avivada, las consecuencias pueden costar vidas”, dijo el ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, tras la paralización de las obras y trabajos realizados sin autorización en ambos loteos.
El ministro afirmó que “no se pueden construir loteos sin tener un estudio de impacto ambiental aprobado. Este estudio de impacto ambiental es realizado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que toma otros factores brindados por distintas áreas del Estado, como lo es la Secretaría de Recursos Hídricos. Se forma un circuito a seguir para poder construir. En primera instancia, el gobierno local, en este caso la Municipalidad de Funes, debe dar una autorización de uso de suelo”.
Cabe recordar que el gobierno provincial dispuso la paralización de estas dos obras en Funes tras una inspección de los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Obras Públicas, donde se constató que se habían iniciado obras sin los estudios y certificados de rigor. Además, se dispuso investigar cómo se comercializaban estos terrenos ubicados en una zona no apta para la construcción. Previamente, en dos oportunidades se había intimado a paralizar las obras, pero no dieron cumplimiento a ello.
Ante los resultados del informe, Provincia ordenó la inmediata paralización de las obras y trabajos realizados sin autorización y en contravención con la normativa, y facultó a los ministerios de Ambiente y de Obras Públicas para que den cumplimiento a la medida.
Asimismo se instruyó a Fiscalía de Estado para que evalúe si es necesario iniciar las acciones judiciales que correspondan, incluidas las que “tiendan a la recomposición del daño ambiental que se encuentre eventualmente producido y, en caso de que se considere la posible comisión de delitos, de realizar las denuncias penales pertinentes, autorizándose a constituir a la Provincia de Santa Fe como querellante”.
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