Un funcionario de la Casa Gris explicó de manera gráfica ante Suma Política la situación de las obras que la provincia ordenó paralizar en dos loteos de Funes: “Es como si mañana alguien empieza a construir un edificio en una plaza pública. Y después va y le pregunta a la Municipalidad si lo puede hacer de ocho o de diez pisos. Le van a decir que ni de ocho ni de diez, no se puede construir en una plaza. Esto es igual: no se puede construir adentro de una represa retardadora de agua”.
Lo cierto es que el decreto del gobierno santafesino impacta con fuerza en la columna vertebral de la gestión del intendente Roly Santacroce. “Quieren perjudicar el modelo de desarrollo que tenemos, con el Estado al servicio del privado”, sostuvo el intendente en un intento por darle intencionalidad política a la decisión. Para la provincia los cuestionamientos pasan por otro lado: “Hay consideraciones técnicas que hacen inviables los proyectos presentados, los que tienen potencialidad para producir graves perjuicios”.
Un dato revela la importancia que le da el gobierno al tema: por pedido del gobernador Maximiliano Pullaro, el decreto que ordena paralizar las obras en los loteos fue firmado por todos los ministros. En otras palabras: es una decisión de política pública del gobierno y no solo de un ministerio.
Para que no queden dudas de que irá a fondo, la Casa Gris ordenó, además de paralizar las obras, investigar la cuestión dominial de esos terrenos, porque en algunos casos hubo una expropiación y en otros una limitación de uso. También se está haciendo una investigación en Catastro y se instruyó a la Fiscalía de Estado que investigue todos los procedimientos administrativos internos y las acciones de los privados. Y en el caso de comisión de delitos, autorizó a que la provincia de Santa Fe se constituya como querellante.
La decisión del gobierno provincial se produjo en un momento particular: el Concejo de Funes aprobó esta semana ocho nuevos desarrollos inmobiliarios que, obviamente, tendrán repercusión en las arcas municipales.
Los emprendimientos apuntados son Damfield —ubicado al este del barrio privado Kentucky— y La Reserva, que se encuentra sobre un camino rural y lindante a dos canales históricos.
Además del riesgo de daño ambiental que advierte el gobierno santafesino en ambos desarrollos, hay otro motivo que avala la decisión: en 2012 —cuando la región casi vuelve a inundarse— la Legislatura aprobó una ley que obliga a la estabilización de los caudales del arroyo Ludueña; es decir, está prohibido aumentar el caudal del Ludueña y eso limita una serie de usos. La conclusión es inequívoca: para avanzar con el loteo hay que cambiar la ley.
Flojos de papeles
En el caso de La Reserva no hay un solo papel ingresado en el Estado provincial. Nada.
Damfield tiene matices. En la gestión Perotti los desarrolladores obtuvieron la autorización para avanzar con el club (básicamente canchas de fútbol) porque bajo ciertas condiciones no impermeabilizaba el suelo.
Después presentaron el pedido para el loteo. Recursos Hídricos les otorgó de manera provisoria el certificado 1 (es el que dice si se puede o no avanzar en esa zona). Quedaron pendientes el certificado 2 (establece qué tipo de obra se puede hacer) y el 3 (final de obra). Acá pudo haber negligencia de los funcionarios del área de Perotti: si hubiesen tenido en cuenta la ley de 2012, nunca podrían haber otorgado el Certificado 1. Ni siquiera el provisorio.
Damfield no tiene el certificado 2. Cuando fue a reclamarlo, Recursos Hídricos mostró las primeras dudas sobre el proyecto y le pidió al Instituto Nacional del Agua un estudio de toda la cuenca del Ludueña para saber cuál es la situación y recién después resolver.
Ya en la gestión Pullaro, en un intento por acelerar los tiempos, los desarrolladores elevaron al Ministerio de Ambiente un pedido sobre el impacto ambiental, que es un paso posterior. Tropezaron con la lógica: no se puede trabajar en un estudio de impacto ambiental sin el certificado 2 de Hídrica.
Damfield Estancia Deportiva irrumpió en 2021 y tiene al exfutbolista Maxi Rodríguez como uno de sus principales inversores. El emprendimiento adecuó para deportes unas 22 hectáreas dentro de un campo de 204 hectáreas; posteriormente propuso urbanizar unas 70 hectáreas, contiguas a la presa retardadora del Arroyo Ludueña y asentadas, como muestran los estudios hidrológicos, sobre el mismo valle de inundación de ese curso de agua.
Más allá de la interpretación de Santacroce, en el caso de Damfield los cuestionamientos técnicos y políticos no son nuevos. En agosto de 2022, una nota de Suma Política refleja los reparos formulados por el Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario (ECOM). El arquitecto y urbanista Ricardo Kingsland, por entonces presidente del ECOM, cuestionaba “la ocupación de cuencas de escurrimiento hídricas, como las del Canal Salvat o del Arroyo Ludueña y la balsa de inundación de la presa retardadora de ese curso de agua” (la nota completa puede leerse acá).
En paralelo, el concejal funense Mauro Míguez reveló en esa misma nota que lo de Damfield “fue un trámite express” que “llegó al Concejo con el visto bueno de la provincia y fue aprobado sin discusión”. Y denunció “un fuerte lobby de los emprendedores ante la provincia. El lobby pasó por encima de todo”.
La del ECOM no fue la única advertencia. En noviembre de 2022, el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Hidroambientales y Departamento de Hidráulica (Curiham), de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, publicó un informe donde detallan aspectos técnicos vinculados con los posibles impactos que podría generar la construcción de viviendas en la zona de la presa del arroyo Ludueña. La posición del organismo es clara: el territorio con afectación del embalse no debe ser ocupado por asentamientos humanos permanentes.
Esa situación llevó a que la vecinal de Empalme Graneros se pusiera en estado de alerta ya que el emprendimiento podría generar inundaciones en el barrio. “Hay muchos que por acción u omisión son cómplices de lo que va a pasar”, denunció en ese momento Osvaldo Ortolani, presidente de la vecinal Empalme (acá la nota completa).
Uno de los que decidió actuar fue el por entonces senador provincial Miguel Rabbia (actual diputado), quien realizó un pedido de informes a finales de 2022 para conocer desde permisos y habilitaciones correspondientes hasta la titularidad de las tierras afectadas. Tiempo después admitía que ese pedido de informes nunca había sido respondido.
La pata política
Los desarrollos inmobiliarios son el motor de la gestión de Santacroce, que avanzó a paso redoblado en esa dirección pese a las advertencias de urbanistas. Los impulsó en su primer mandato (2019-2023) y fue reelecto el año pasado con cerca del 75 por ciento de los votos.
Antes de ir por la reelección, Santacroce fantaseó con su candidatura a la Gobernación; en la interna jugó en el equipo de Perotti y empapeló Rosario con su candidatura. El emprendimiento no tuvo desarrollo: lo bajaron desde la Casa Gris para sostener la candidatura fallida de Roberto Mirabella.
Este miércoles, en una entrevista con el periodista Hernán Funes (Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario), Santacroce salió a bancar a Damfield y a su propia gestión: “Nosotros trabajamos pura y exclusivamente en un programa de proyecto de ciudad que involucre al empresariado, que para mí es fundamental. El Estado es obsoleto”, lanzó el responsable de administrar el municipio. Y añadió: “Somos un modelo productivo que puso el Estado al servicio del privado, que es el único que genera puestos de trabajo en la Argentina”.
En su opinión, la provincia debería haber manejado de otra manera el tema. “Me hubiese gustado que medianamente me hubiese convocado, a los profesionales del municipio, a los inversores y a los profesionales de los inversores, y que entre todos tomáramos una decisión”.
Esta afirmación del intendente se contrapone con lo que sostiene el gobierno santafesino. “En el caso de estos loteos, una inspección de los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Obras Públicas constató que se han iniciado obras sin contar con los estudios de impacto ambiental y certificados hídricos correspondientes. Previamente, en dos oportunidades se había intimado a paralizar las obras, pero no dieron cumplimiento a ello”.
En medio de las turbulencias, Estancias Damfield envió una comunicación a sus inversores para intentar llevar calma. Allí les asegura que cumplieron con todas las normativas y se define como “un grupo empresario comprometido con la transparencia”. Finalmente sostiene que está trabajando “para subsanar esta nueva instancia lo antes posible, presentando toda la documentación respaldatoria para seguir avanzando con el proyecto de acuerdo a lo previsto”.
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