La Legislatura hizo su parte en el tiempo estipulado y ahora comienza otra historia, la que vale. En la semana del 12 al 16 de agosto, sin demoras, el Poder Ejecutivo hará lo suyo: enviará un proyecto de ley para que sea un hecho concreto una reforma jubilatoria en Santa Fe. Se dice que lo hará entre el jueves y el viernes, y se da por descontado que buscará la primera media sanción en el Senado donde sus números son más que buenos. El oficialismo dispone de un interbloque con dos tercios al contar con 14 de las 19 bancas.
La Comisión de Análisis del Sistema Previsional que reunió a diputados, senadores, dirigentes gremiales de los agentes del Estado, representantes de colegios profesionales involucrados y funcionarios del Poder Ejecutivo provincial cumplió su cometido y produjo su informe, que fue presentado el jueves 8 en la Casa de Gobierno y entregado a los funcionarios del gobernador Maximiliano Pullaro. Fue una manera de decir: ahora la pelota está en el gobierno, ya no en la Legislatura. Pero el partido final se jugará en este último poder, donde todas las predicciones dan ganador al oficialismo.
El informe
En ese grueso volumen de más de mil páginas, cuyo corpus principal fue hecho por los taquígrafos (se trata de una prolija presentación de copias de las ponencias sectoriales que en la mayor parte de los casos tienen visiones, diagnósticos y soluciones opuestas) ocupa un lugar relevante la introducción y los llamados puntos de “coincidencia” que fueron negociados por el oficialismo y la oposición. Se llegó a cuatro asuntos sobre los que hay consenso que se exponen textualmente más abajo. Es interesante saber que en un momento de las conversaciones entre radicales y socialistas por un lado y justicialistas por otro había un quinto punto, que finalmente no prosperó.
El texto era una especie de seguro para todos los gremios involucrados, que también tienen visiones distintas ya que unos piensan que los aportes y beneficios de otros sectores no son justos. Consistía básicamente en no avanzar con reformas más allá de lo que ya existe a nivel nacional en las jubilaciones de Anses. En otras palabras, no aumentar las edades para acceder a la jubilación en hombres y en mujeres, en su equiparación o en extender los plazos e incrementos de los aportes por sobre lo que tiene como marco el régimen previsional del Estado Nacional, pero por su redacción y por cómo se buscaba plasmarlo en el papel nunca hubo un texto que dejara satisfechos a todos.
Es difícil decir que algo “no sea peor que”, sin ofender al aludido. O sin fingirse ofendido para que no haya texto. Se sabe: las jubilaciones santafesinas son extraordinariamente mejores que las nacionales y ahora ni siquiera ese piso se puso como límite para las reformas. Habrá que ver hasta cuánto llega el recorte de beneficios que propondrá la Casa Gris.
El ministro de Gobierno Fabián Bastia y el de Economía, Pablo Olivares, siguieron de cerca las ponencias y el debate de todo lo que revisó la Comisión de Análisis, junto al secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso (que fue parte de la bicameral).
Ahora entre el corsé de los números y los deseos de un gobierno que acepta enfrentar el problema del déficit previsional y que un ajuste a tiempo puede salvar la existencia del sistema en manos de la provincia, surgirá un proyecto de ley que seguramente está más que avanzado.
La quinta pata de “El Gatopardo”
Como no tienen un orden de prelación y todos cuentan con igual valor no hubo enumeración al hacerse públicas las cuatro coincidencias de todos los expositores y sectores que pasaron por la Comisión. Son como las patas de una estructura que tiene todavía todo por definirse, en el proyecto de ley que enviará a la Legislatura el Ejecutivo.
Como hubo conversaciones, que no prosperaron, por un quinto asunto que ponga como límite de la reforma los derechos y beneficios y condiciones jubilatorias que hay ya en Anses, también puede pensarse en alguna queja (del oficialismo) porque eran sobre todo los gremios los que buscaron “una quinta pata al gato”.
El ministro Bastia unos pocos días atrás habló de la necesidad de una “reforma profunda”, no “de un simple maquillaje”. Acaso el quinto punto de consenso que no prosperó, hubiera resultado -como en “El Gatopardo”- una forma de presentar que cambiará todo para que nada cambie.
Más allá de las habilidades de los felinos para encontrar siempre el mejor lugar de la casa, de las de la aristocracia de Sicilia que plantea Giuseppe Lampedusa en su novela y de que hoy, ciertamente los empleados del sector público provincial han logrado avances en sus jubilaciones por sobre las que padecen los trabajadores del sector privado (atados a la suerte del sistema nacional), es relevante comentar en qué contexto Bastia habló de un cambio profundo.
Así se expresó en una conferencia de prensa en la que confirmó que Santa Fe fue la primera provincia en iniciarle un juicio al gobierno nacional por la deuda impaga de las transferencias automáticas con que no ha cumplido Javier Milei, en compensación por no haberle pasado la Caja en los ’90. En solo los primeros 6 meses de la gestión libertaria (sin actualizaciones ni armonizaciones entre ambos sistemas previsionales que no se llevan a cabo desde 2017) la Casa Rosada le debe a los santafesinos más de 70 mil millones de pesos.
Era con lo que argumentaban (o chicaneaban) en la Comisión de Análisis quienes se oponen a que haya cambios. Ahora se ha dado ese paso. Y se ha hecho aún bajo una relación con la Nación que parece ser al menos mejor que cuando ambos gobiernos comenzaron sus mandatos.
“Con diálogo pero con firmeza” y “ni sumisos, ni beligerantes” fueron las definiciones de Bastia para describir esa relación. En la oposición, en cambio, además de frotarse las manos por los costos políticos que pagará Pullaro por las reformas previsionales, se prepara otro discurso: que Santa Fe no sea “la vanguardia” de los ajustes a las jubilaciones que se vienen en la Nación.
Puntos de acuerdo
+ La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe debe permanecer en la órbita del Estado provincial, garantizando éste los mecanismos de financiamiento nacional y provincial de las prestaciones que correspondan a sus beneficiarios y su sostenibilidad en el tiempo.
+ Continuar los reclamos a Nación para el pago de la deuda a la provincia de Santa Fe. El Estado Nacional desde el año 1999, en acuerdo con las provincias, se ha comprometido a cubrir los déficits de las Cajas provinciales de jubilaciones y pensiones no transferidas a la Nación. Estos acuerdos tienen vigencia, han sido ratificados por ley y deben cumplirse. Esta comisión acompaña el reclamo administrativo y judicial iniciado por el Estado provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la inconstitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso el cese de esos pagos, y la exigencia de que se establezca una medida cautelar que reponga las transferencias que corresponden a Nación.
+ Los regímenes especiales dentro del sector público, contemplados en la legislación provincial, responden a las particularidades de la labor realizada y es necesario sostenerlos.
+ El sistema de jubilaciones y pensiones de la provincia de Santa Fe es un sistema de reparto y debe fundarse en los principios de solidaridad intergeneracional y equidad. Quienes mejores ingresos tienen, mayores esfuerzos están en condiciones de realizar para su sostenimiento.
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