La ley de blanqueo de capitales de Javier Milei posibilita que el delito de evasión por el que están procesados 14 integrantes del directorio de la empresa Vicentin quede impune. Se trata de un fraude al Estado a partir de reintegros por exportaciones con documentación falsa que para 2020 implicaba un perjuicio continuado al fisco por 143 millones de pesos. El capítulo de moratoria de esa norma permite que uno solo de los procesados que se acogió al blanqueo haya pagado lo adeudado despegando a todos los demás. Por ese motivo todos los implicados serán sobreseídos y la causa se archivará.
Esta disposición impulsada por el oficialismo y votada por sus aliados deja en la nada una investigación que llevó tres años a los fiscales federales de Reconquista y de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). “Es como si la ley la hubieran escrito los abogados de la empresa. Todo se aplica al caso para desvincular a cada procesado”, sostuvo una fuente del proceso judicial.
El trámite había llevado al juez de Reconquista Aldo Alurralde en mayo de 2024 a procesar a 14 directivos y exdirectivos de Vicentin, por utilizar comprobantes truchos para acceder a reembolsos de IVA entre 2016 y 2019 por un monto de 143 millones de pesos, que los investigadores detectaron se le facturaron a 80 proveedores apócrifos.
Ahora este mismo juez que constató la conducta ilícita de los directivos, a tal punto que le dictó un embargo de cien millones de pesos a cada uno, se verá obligado a darles el sobreseimiento. Los beneficiados con el fin de la causa penal son Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Oscar Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colombo Boschi, Oscar Silvio Vicentin, Rubén Darío Vicentin, Norma Susana Vicentin y Herman Roberto Vicentin.
Este último es el fundamental para el cierre del caso. Herman Vicentin no era directivo al momento de surgir los delitos. Pero fue detectado por el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, como uno de los que hizo los trámites para obtener indebidamente reintegros por operaciones de exportación falseadas entre 2016 y 2019. Eso le valió ser procesado. Pese a ello, con el favor de la última ley de blanqueo, en octubre pasado se presentó el abogado de Herman Vicentin para pedir el sobreseimiento de su cliente y los otros 13 procesados en el caso. El defensor adjuntó el último recibo con una liquidación de 153 millones de pesos, el cuarto de un plan de pagos por un total de 469 millones. Con eso, sostuvo, la acción penal estaba extinguida para todos.
Paga uno, se van todos
Se trataba de una estafa donde no solo el directorio sino hasta la firma Vicentin SAIC estaba técnicamente indagada y procesada como contribuyente. En una situación que implicaba un serio compromiso para la agroexportadora porque una condena eventual, algo muy viable por la prueba reunida que llevó a una denuncia de la AFIP (hoy ARCA), podía acarrear desde suspensiones en el Registro Público de Comercio hasta el cese de la compañía como persona jurídica.
El abogado del ex directivo que primero blanqueó su dinero y luego se acogió a la moratoria dispuesta por la ley 27743, que el Congreso Nacional aprobó en una votación muy reñida el año pasado, pidió despegar de la persecución penal no solo a él, sino a todos los demás integrantes de la conducción de la firma procesados por robarle al Estado reintegros de IVA con facturas truchas.
Esta ley fue sancionada en julio pasado con adhesión de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y el rechazo de Unión por La Patria y el Frente de Izquierda. Indica que quienes se acogían a la moratoria podían hacerlo hasta transcurridos 150 días desde la reglamentación de la AFIP. Y el artículo 5 destaca que para todos los que estén en procesos por delitos tributarios o aduaneros la nueva norma produce la suspensión de esos trámites. Al cancelar la deuda, marca ese artículo, la acción penal se extingue. La única condición es que el que se va a favorecer no tenga condenas previas, es decir, no sea reincidente.
“Esto termina con la persecución de los delitos tributarios en Argentina. Basta que alguna persona bajo proceso que se haya acogido al último blanqueo pague la moratoria y no sea reincidente. Con eso salva a todos”, sostuvo una fuente del caso.
Sin lugar para los débiles
Para los que investigaron esta causa, la ley ofrece un portal a la impunidad para los que no pagaron o cometieron defraudaciones con impuestos primero, se beneficiaron con el blanqueo después y accedieron a un plan de pagos por último. En este caso los delitos por facturación indebida están probados. En este grupo las penas previstas por fraude al fisco, con los agravantes previstos, podían ir desde los seis a nueve años de prisión.
El fiscal Salum le remitió al juez Alurralde un escrito donde manifiesta su desacuerdo personal con el alcance de la ley que garantiza la impunidad para las personas que investigó junto a la ex AFIP, que en este caso acopió la documentación que prueba los delitos de los 14 directivos de Vicentin SAIC y se transformó en querellante en esta causa. Pero indicó que la ley sancionada por el Congreso hace ocho meses no le deja otra salida más que pedir el fin del trámite. La fiscalía verificó que el directivo efectivamente se acogió al blanqueo, no es reincidente y completó el plan de pagos por el perjuicio ocasionado al fisco. El juez Alurralde, quien procesó a todo el grupo, tendría que darles el sobreseimiento.
Entre tanto, otros directivos de Vicentin, más algunos de los aquí favorecidos, siguen afrontando otras causas penales. En Rosario, ante el Ministerio Público de la Acusación, están imputados por defraudación en una causa en trámite. Lo mismo el ex síndico y presidente de la empresa Omar Scarel, quien acudió a un documento falso para justificar más de 200 mil dólares sin origen claro encontrados en una caja de seguridad bancaria a nombre de su hijo. En este caso el que le brindó la cobertura fue Carlos Vaudagna, un ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe, que se presentó con una escritura apócrifa para indicar que el dinero que tenía Scarel en ese cofre era de él.
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