Con el reclamo salarial como estandarte, “la familia azul” apunta contra la reforma policial

Por Osvaldo Aguirre

“La familia azul” está de regreso. El movimiento policial que presume de ser espontáneo impulsa los piquetes y los acampes que un pequeño número de policías en actividad y otros retirados, con familiares, desplegaron frente a las jefaturas de Santa Fe y Rosario y la sede del Ministerio de Seguridad, en la capital provincial. Con el reclamo por los salarios como mascarón de proa, trata de reinstalar la discusión sobre la agremiación policial y apunta explícitamente contra la reforma que se propone el gobierno provincial.

La protesta policial parece no tener líderes, aunque se ven los hilos que mueven los policías retirados Alberto Martínez y Miguel Ángel Zalazar. No se trata de desorganización, al contrario: como en la provincia de Buenos Aires, la estrategia es que no existan voceros individuales sino que el reclamo se haga en nombre del conjunto de la fuerza. Un sector marginal pretende así erigirse en representación de la policía y dialogar en pie de igualdad con la política.

“La familia azul” es una especie de grupo de presión que en el pasado reciente influyó en el desplazamiento de funcionarios —el de Leandro Corti, primer ministro de seguridad de Antonio Bonfatti— y que promovió la sedición de diciembre de 2013. También se movilizó frente a los Tribunales en apoyo de los policías que asesinaron a Emanuel Medina y David Campos. El nombre del movimiento se ajusta mejor a los propósitos de apelar al espíritu de cuerpo, cuando los autoproclamados sindicatos policiales carecen de estatuto legal y la agremiación no asoma como demanda en el interior de la fuerza.

Alberto Martínez está imputado como instigador del levantamiento de 2013 en una causa que tramita en el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe, que tiene que fijar fecha para el juicio, y entre los miembros de la familia aparecen viejos conocidos como Hugo Gargarella, oficial retirado de la Brigada de Explosivos y vicepresidente de la Comisión Permanente de Homenaje a Policías de Rosario Asesinados por Organizaciones Terroristas, una plataforma para la reivindicación del terrorismo de Estado. La novedad de la última protesta consiste en la presencia de un equipo de abogados encargado de difundir los reclamos, interpelar a la jefa de la policía, Emilce Chimenti, y dialogar con la prensa. La posible reforma de la policía los pone nerviosos.

Dos potencias se saludan

Alberto Martínez y Miguel Zalazar, los líderes de Apropol (Asociación Profesional Policial) y Utrapol (Unión de Trabajadores Policiales), unieron sus firmas en un mismo petitorio dirigido al gobernador Omar Perotti con una lista de demandas. No hay que buscar mucho para encontrar uno de sus principales objetivos: “frenar la presentación de la pretendida reforma policial” es el segundo punto del reclamo, por encima de la recomposición salarial.

Martínez y Zalazar exigen suspender la reforma “hasta tanto no se dialogue con los trabajadores policiales”. Es el mismo argumento con que el ex jefe de la policía Víctor Sarnaglia se opuso al proyecto del Ministerio de Seguridad: “Nunca fui consultado. Ningún policía fue consultado”, dijo al presentar su renuncia.

Sin embargo, el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, desmintió a Sarnaglia. El conflicto entre los funcionarios no fue un problema de incompatibilidad de caracteres ni de antipatías personales sino que giró alrededor de la decisión de poner a la policía en el lugar de la operación y no de la decisión política, lo que el proyecto de reforma apunta a formalizar.

La exigencia de diálogo por parte de los ex policías aparece así como un intento de retener una cuota de poder que históricamente le sirvió a la policía para manejarse con autonomía, en un esquema donde el poder político podía mirar para otro lado mientras contaba con la garantía de que el delito no hiciera olas en la preocupación pública. El tan ensalzado espíritu de cuerpo de la fuerza funciona en la práctica como un blindaje para encubrir la frecuente ilegalidad en las formas de procedimiento, naturalizar la recaudación clandestina como actividad de la rutina y asegurar la impunidad.

En el lunfardo policial, “cachivache” es la persona que no sirve, el inútil que comete una y otra vez la misma chapucería. Cachivache es, por ejemplo, el ladrón desgraciado y de poca monta que pasa la mayor parte de su vida en la cárcel. Saín aplicó el término para referirse a Martínez y Zalazar, quienes agitan la interna policial desde 2001 y 2011 respectivamente. Desde la web, Apropol y Utrapol devuelven las gentilezas con argumentos burdos contra la reforma —aumentaría la cantidad de ñoquis, dicen— y se escandalizan por las “barbaridades” del ministro, en sintonía con otros ofendidos por sus declaraciones, como los senadores provinciales y la Cámara de Abogados Penalistas que preside Marcelo Piercecchi.

Sin embargo, “la familia azul” —el nombre de fantasía de Apropol, a fin de cuentas— hizo demostraciones de poder en la historia reciente y eludió acciones judiciales. Durante la crisis de 2013, Martínez se permitió una serie de llamados amenazantes al entonces gobernador Bonfatti y la central del teléfono 911 boicoteó el servicio de calle. El aumento de sueldo concedido entonces fue un triunfo de los sediciosos.

Ahora “la familia azul” no se declara conforme con el aumento anunciado por el gobierno provincial e intenta nuevas demostraciones, como el bloqueo de móviles policiales en la puerta de la Unidad Regional II. El pedido de “sueldos dignos” vuelve a fundamentar la demanda de agremiación, como lo explicó Jorge Bedouret, uno de los abogados que asesora al grupo, en una entrevista con LT3.

El derecho y el revés

“Muchas veces somos abogados del diablo y estamos siempre del lado de los malos, y no es así”, dijo Bedouret en mayo de 2016 después de sobrevivir a un misterioso ataque a balazos. Pero en su amplia cartera de clientes insiste ese perfil, desde Guillermo Cantero hasta el femicida Juan Valdez —aunque renunció a su defensa un día antes del inicio del juicio oral— y desde Julio César Gerez, condenado a perpetua por el crimen del sindicalista Abel Beroiz hasta Maximiliano De Gaetano, implicado en la Gran Estafa inmobiliaria y vinculado a los Monos. Ahora, como vocero de “la familia azul”, destaca como “urgente” la recomposición salarial, considera injusta la “mala fama” que rodea a la policía y piensa que en el futuro podría discutirse la agremiación policial.

Sin embargo, el modelo gremial de los ex policías parece el del apriete, la amenaza y la defensa del espíritu de cuerpo como seguro de impunidad e independencia de la política. Pero no podrían explicarlo en esos términos: “Policías, seres humanos con derechos” y “Ellos también tienen familias, no están solos”, entre otras, fueron las consignas que “la familia azul” enarboló para defender a los acusados por los asesinatos de Medina y Campos, un caso donde se verificó un saber delictivo acendrado en el Comado Radioeléctrico, en el hecho de plantar armas y alterar la escena del crimen y en la ejecución de los crímenes.

En el discurso de estos grupos no faltan menciones a los “malos policías”, pero se trata de la teoría de la manzana podrida, el argumento con que las fuerzas policiales preservan estructuras de corrupción. La apelación constante a que los policías “se juegan la vida” en el servicio es oportuna para dejar de lado el problema de la corrupción y el desprestigio crónico que atraviesa la policía santafesina, y sobre todo en un momento en que las vinculaciones con el narcotráfico, el lavado de dinero y el juego clandestino están a la vista.

La abogada que se puso al frente de la movida por los policías acusados de gatillo fácil fue Evelyn Andriozzi, hija del comisario retirado Ernesto Andriozzi, que en su breve paso como jefe de la Unidad Regional XVII entre 2015 y 2016 desarrolló operativos de calle a los que bautizó “Trueno” y “Relámpago” y que no se diferenciaron demasiado de las antiguas razzias, esa demostración de poder policial sin efectos prácticos sobre el delito. Evelyn Andriozzi, también asesora en la Cámara de Senadores, reapareció en la puerta de la jefatura de policía de Rosario con el petitorio de reclamos de los policías retirados.

Los ex policías llegaron a convocar a doscientas personas en Ovidio Lagos al 5200, frente a la jefatura, y su protesta no afectó el servicio del personal. Los hechos recientes —el relajamiento policial de diciembre de 2019, cuando los jefes de la Unidad Regional II acudieron a otro saber inveterado y pusieron palanca en boludo, como dijo Saín, y los remezones de la renuncia de Sarnaglia— completan con esa movilización un contexto problemático para la reforma policial. Pero el mayor obstáculo no apareció todavía en la superficie, aquello que el ministro anticipa como reacción a lo que el proyecto pretende desarmar: los oscuros maridajes de la policía y la política.

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