La tercera intenta ser la vencida. Primero, en agosto de 2022, un senador del norte de Santa Fe pretendió avanzar en la Comisión de Acuerdos con una denuncia que había sido desestimada. A fines del mismo año, el ex comisario Ernesto “Perro” Andriozzi y un puntero político del departamento San Lorenzo impugnaron sin éxito su ascenso a fiscal. Ahora, la denuncia de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno pone a Matías Edery en el centro de una investigación penal por supuestas irregularidades en la relación con Mariana Ortigala, informante en la causa contra Esteban Alvarado y acusada como cómplice de Los Monos.
La denuncia contra Edery fue seguida por la renuncia parcial a sus fueros del senador Armando Traferri, quien finalmente se pone a disposición de la Justicia para responder en la causa donde se lo investigó por presunta complicidad con el juego clandestino. El anuncio de Traferri se produce además en un contexto en que el gobernador electo Maximiliano Pullaro, quien tendrá el control de las dos cámaras de la Legislatura, afirmó en dos entrevistas con la prensa que bajo su mandato “no habrá cobertura para nadie”.
Traferri ratificó su versión de los hechos: dice que fue víctima de una persecución pergeñada por el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. En diciembre de 2020, su entonces abogado José Luis Vázquez dijo que Edery y al fiscal Luis Schiappa Pietra no les merecían confianza y que en cambio aceptarían declarar ante Miguel Moreno. Ya en 2017, también según declaraciones de Vázquez, el senador le manifestó al gobernador Miguel Lifschitz que el mejor candidato para la fiscalía general de Rosario era Moreno, quien este año concursó sin suerte para el cargo.
La crisis que atraviesa al Ministerio Público de la Acusación tiene una larga incubación. Una fuente interiorizada al respecto la describe como “una olla que estuvo a presión durante dos años y que tenía que estallar”. Celos profesionales, quejas en los pasillos por los recursos de que dispone la Agencia de Criminalidad Organizada y cuestionamientos sotto voce y no tanto por investigaciones frustradas, como la imputación por lavado de activos contra Andrés “Pillín” Bracamonte que intentó el fiscal Moreno, tramaron una combinación explosiva. El clima de trabajo se condensa en el cambio de cerraduras de oficinas y en la presencia de un policía plantado como custodia en la puerta del despacho de Socca.
Un antecedente inmediato fue el sumario ordenado contra los fiscales Socca y Valeria Haurigot por declaraciones a la revista Noticias y el malestar interno que generó un comunicado de la Asociación de Fiscales y Funcionaries, en respaldo de la fiscal regional María Eugenia Iribarren. La Asociación de Fiscales no se pronunció hasta el momento sobre la situación actual.
Haurigot renunció a la Asociación de Fiscales y junto con su par Franco Carbone, ambos de la Fiscalía de Balaceras, asistió a la audiencia en que Edery fue acusado de ofrecer impunidad a Ortigala y de no compartir la información que obtenía.
Otro dato particularmente relevante de la crisis es que Socca y Moreno desconocieron la autoridad de Iribarren y sin hacer caso de una orden en contrario difundieron las acusaciones contra Edery en una audiencia y ante los medios. La fiscal general se enteró de la situación por la prensa.
“Las autoridades del MPA deberían ordenar estas cosas —señala un ex funcionario—. Los jueces tampoco deberían permitir que peleas internas se trasladen a imputaciones y audiencias, pero se mantienen en una posición cómoda y salvo algunas excepciones dejan pasar cualquier cosa”.
La división en el MPA volvió a manifestarse cuando Iribarren respaldó a Edery al afirmar que la condición de informante de Ortigala estaba formalizada desde 2021, ante lo cual Socca respondió con un envío al auditor Leandro Mai de presunta evidencia sobre protección institucional a la ex testigo del juicio contra Alvarado y los asesinos del prestamista Lucio Maldonado.
“Al margen de lo que mueve a Socca y Moreno por un lado y a Edery y Schiappa Pietra por otro, y a los que están por atrás, lo grave son las consecuencias de esta interna. La calidad institucional del MPA se degrada hasta el absurdo”, analiza un ex funcionario que conoce de cerca la situación.
“Por lo que se sabe hasta ahora, la imputación que pretenden hacerle a Edery es muy pedorra (sic). Incluso la imputación contra Ortigala parece pensada a los fines de allanar la casa, secuestrarle el teléfono y promover un escándalo”, agrega el ex funcionario.
Otra fuente vinculada con el MPA comparte la mirada crítica sobre la institución: “Venimos de un proceso muy fuerte de fragmentación. Se generaron muchas tensiones internas desde las prácticas cotidianas. El desafío es hoy construir un Ministerio Público. Cada fiscal regional tenía la facultad de hacer lo que quisiera dentro de su jurisdicción. Dentro de Rosario, además, hubo una atomización entre las distintas fiscalías. Eso es lo que hoy estalla”.
Alta marea
Edery y Schiappa Pietra llevaron adelante la causa contra Esteban Alvarado, la investigación más importante del MPA y una de las pocas que llegó a resultados concretos contra lo que se llama crimen organizado y el lavado de activos. La Justicia Federal de Rosario se dedica hasta ahora a investigar el narcomenudeo, tiene antecedentes por desentenderse del narcotráfico y desde hace tres meses delibera al ritmo de una audiencia por semana para resolver una causa por lavado contra David Delfín Zacarías, que sería la primera en su historial.
Mariana Ortigala declaró en el juicio que frecuentó a Alvarado entre 2010 y 2012 y fue amiga y confidente de Rosa Capuano, la ex esposa del jefe narco. También dijo que visitaba a Ariel “Guille” Cantero en la cárcel y es amiga de Vanesa Barrios, la esposa del líder de Los Monos.
En 2021 Ortigala denunció que Horacio Luchini, incorporado al Ministerio de Seguridad de la provincia, le propuso interceder para lograr un pacto con Cantero. El fiscal Moreno sostiene que cambió de facción y que al convertirse en informante no dejó de delinquir, por lo que debería haber sido encuadrada como una imputada arrepentida.
Sin embargo, Ortigala no apareció vinculada con delitos cometidos por la banda de Alvarado y sobrevivió a un intento de asesinato después de convertirse en testigo. Ahora está acusada por extorsiones y amenazas contra el dueño de la agencia de loterías El Califa, junto con su marido Sebastián Felipe, y de haber adquirido catorce inmuebles sin ingresos que lo justifiquen, de lo que se presume que actuaría como testaferro de Cantero.
En la audiencia del miércoles, el fiscal Socca acusó a Edery de recibir información de Ortigala sobre una balacera contra un negocio de Mendoza y Matienzo y no poner al tanto a su par Federico Rébola, que investigaba el episodio. Según Rosario 3, la Agencia de Criminalidad Organizada negó la acusación.
Socca expuso otro chat en que Edery le comenta a Ortigala que “hace un año que Esteban (Alvarado) habla con Carmona, tenemos todas las escuchas” y consideró que al hacerlo compartía información de una causa penal en curso. Carlos Carmona, vinculado a la compra y venta de autos y condenado en 2012 como parte de la banda “Los rosarinos” en San Isidro, fue sondeado por Alvarado para conseguir un auto similar al de Rodrigo Ortigala, cuando trataba de fraguar su participación en una balacera contra Marina Marsili. En el juicio se expusieron intercepciones telefónicas del año 2012 en las que Alvarado ilustró a Carmona sobre sus tratos con policías de Rosario y el departamento San Lorenzo.
El sentido de los audios y mensajes de WhatsApp, y particularmente el hecho de que sean incriminatorios, depende de los contextos de las comunicaciones y de las interpretaciones que elaboran los que escuchan o leen esos mensajes. Socca parece tomar al pie de la letra el contenido del último chat, mientras Edery dice que fue una forma de tranquilizar a Ortigala, quien temía represalias de Alvarado. La clave también parece estar en el vacío que rodea en Santa Fe a la utilización de informantes en investigaciones judiciales: una práctica de rutina que ahora está en suspenso hasta nuevo aviso por disposición de la fiscal general María Cecilia Vranicich.
“Todos quedan salpicados —se lamenta una de las fuentes consultadas para esta nota—. La institución queda estallada. Una salida sería que la Fiscalía General encauce la situación desde un lugar equidistante. También hay que esperar hasta el 11 de diciembre, y a que baje la marea: sin dudas el escándalo va a impactar en los planes de Pullaro”.
Faltan menos de dos meses para esa fecha, pero la espera se puede hacer muy larga y la posible inhibición de las propiedades a nombre de Ortigala suma un factor de alerta: “Son catorce inmuebles que pertenecerían a Los Monos, según la acusación. Ni siquiera cuando se hizo el juicio contra la banda se llegó a ese punto. Hay gente que se puede poner muy nerviosa”.
Cómo armar un tetris
El armado de la seguridad pública en Rosario se parece a un tetris: Pullaro promete poner a la policía en la calle; para eso dice que además los 430 presos que colapsan las comisarías de la ciudad serán trasladados a establecimientos penitenciarios; lo que no se sabe es cómo se ordenará la situación en las cárceles de la provincia, igualmente superpobladas.
La adhesión a la ley de narcomenudeo, anunciada también por Pullaro, incidirá en un aumento de los niveles de encarcelamiento. En el debate televisivo con los otros candidatos, el próximo gobernador anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad “para tres mil narcotraficantes y sicarios” lo que supone una proyección notable sobre el fenómeno: según las últimas cifras del gobierno provincial, hay un total de 8.593 detenidos en cárceles y por diversos delitos. Pero ese proyecto dependería también de la participación del gobierno nacional, lo que abre un margen de incertidumbre.
La reforma policial no fue un tema de la campaña electoral. Si se suscribe la caracterización del criminólogo Máximo Sozzo sobre la alternancia entre intentos de introducir cambios y ratificaciones del statu quo en la policía provincial el próximo gobierno optaría por una variante cercana a la segunda opción. Además de su gestión como ministro de Seguridad, Pullaro dio señales claras respecto de la respuesta que espera de la policía y del respaldo político que está dispuesto a otorgarle a la fuerza.
En la noche del 10 de septiembre, cuando el aluvión de votos lo consagró gobernador, Pullaro dijo que había recorrido la provincia y hablado con productores, comerciantes, industriales “y con policías, nuestros policías”. Un aplauso fuerte respondió a esas palabras en el búnker de Unidos para Cambiar Santa Fe. Los interrogantes comenzarán a despejarse después de la reunión del próximo miércoles entre el actual ministro Claudio Brilloni y Pablo Cococcioni —el probable sucesor—, Florencia Blotta y Omar Pereira, referentes de la gestión que se avecina en la materia.
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