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Economía

Quién es quién: los actores del campo y las tensiones de la democracia

Cuando la política despertó, el escenario había cambiado. En el concepto no entran sólo los funcionarios públicos. Están, además, los dirigentes de las entidades tradicionales del campo. Son los que observan un poco absortos la emergencia de nuevos actores. Que no son los excluidos del amplio mundo de la agricultura familiar y los movimientos campesinos. No: hay otros “nuevos”. Y se parecen demasiado a los que alguna vez llenaron el Monumento a la Bandera para frenar la Resolución 125. 

La producción es el escalón más atomizado. La oferta agraria se compone de un cuarto de millón de productores que en su mayoría trabaja superficies que no superan las 600 hectáreas y en campos alquilados. Las cuatro grandes entidades son: Federación Agraria, que reúne a los pequeños y medianos, con gran protagonismo de Santa Fe; Confederaciones Rurales Argentinas, el gran portento del interior, con eje en Buenos Aires; Sociedad Rural, históricamente vinculada a la ganadería mutando hacia un selecto grupo habitante de ciudades, y Coninagro, que representa a las entidades cooperativas. 

Tras el conflicto del 2008 por la 125, las entidades tuvieron un impulso inédito. La adhesión que cosecharon permitió que algunos dirigentes llegaran al Congreso. Se convirtieron en voceros del “campo”, una figura que pobló rápidamente los medios de comunicación porteños. Pero a mayor representatividad, mayores responsabilidades. El enfrentamiento con el kirchnerismo condujo a la cúpula de la dirigencia rural a un callejón sin salida. Las organizaciones derrocharon su influencia en una batalla sin objetivos. Había que negociar por responsabilidad institucional y tensionar por convicción ideológica. 

Por el lado del gobierno, el regreso en diciembre de 2019 abrió nuevamente el frente de conflicto. Para marzo de 2020 ya se había anunciado el primer lock out, aunque con escasa repercusión. Para junio, con el intento de expropiación de Vicentin, la agudización no tuvo vuelta atrás. La respuesta oficial apeló a un recurso ya implementado: arrimarse al segmento de la industria para reducir el peso de las entidades de productores. 

Así apareció el Consejo Agroindustrial Argentino, presentado con una foto de Roberto Domenech, del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas; Gustavo Idígoras, de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales; y José Martins, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; junto a la vicepresidenta Cristina Fernández. La bandera era la ley Agroindustrial, que promovería el empleo y potenciaría la producción. Todo se disolvió en el torbellino interno del Frente de Todos. 

Los nuevos viejos tiempos

La novedad del tractorazo del pasado 23 de abril estuvo dada por su organización autoconvocada y al margen de la dirigencia tradicional. Y porque fue el marco de lanzamiento para la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios, una nueva entidad nacida de las insatisfacciones con la Mesa de Enlace y con pie en más de una decena de provincias. El deterioro de la representatividad de las instituciones históricas alimentó procesos que decantaron en grupos como Campo+Ciudad, con una cercanía a las estructuras partidarias del Pro, la Coalición Cívica y la UCR, o esta nueva experiencia gremial. 

Lo que se vio fue la decantación de un lento distanciamiento entre las dirigencias y sus bases, una dinámica extendida por todo el espectro institucional. Los fervores de quienes están zambullidos en luchas políticas cotidianas se alejan cada vez más de aquellos quienes sólo esperan una respuesta de esos fragoteos partidistas. De ahí surge la innovación organizativa del tractorazo, su rasgo de singularidad como un episodio diferente a las anteriores protestas campestres. 

Cuarteles de invierno

¿Quién anda ahí? Anda una nueva identidad que aún resta definirse, pero guarda vínculo con las fuerzas vivas del campo: contratistas, productores, profesionales, prestadores de servicios, comerciantes y distribuidores. La bronca está inspirada en que la agenda de la producción se parece cada vez menos a la agenda de la política que habla de producción. La discusión pública dejó de preocuparse por los temas que afectan a los actores involucrados. La política que pelea por el campo ya no se interesa por el campo realmente existente. 

La política que pelea por el campo ya no se interesa por el campo realmente existente

Mientras arriba confrontan, los insumos aumentan como nunca antes. La industrialización de soja manifiesta mermas. Los suelos muestran los efectos de la sequía acumulada. Los resultados de la cosecha expresan una disminución del 17 por ciento en el volumen de soja y 24 por ciento en el de maíz, respecto a las previsiones de fin de año. El aumento de costos trae aparejado el problema del abastecimiento, agravado con la guerra. El sendero se estrecha e incrementa el peso de los alquileres, que captan un tercio de los resultados. 

El 61 por ciento de los fertilizantes nitrogenados y el 79 por ciento de los fosforados vienen del exterior, donde Rusia tiene un rol fundamental como proveedor directo o de los países productores. La cuenta total de importación de fertilizantes rondaría los 4.750 millones de dólares. Al combinar el uso de insumos y las prácticas de manejo, el promedio de adopción de niveles tecnológicos se divide en 33 por ciento de nivel alto, 54 por ciento medio y 13 por ciento bajo. Al agregar el combustible a la ecuación, la incertidumbre para el invierno es general.    

Retenciones y democracia

Si bien las ventas externas de soja fueron las menores en una década para el comienzo del año, la agroindustria aporto un récord de 7.900 millones de dólares el primer trimestre, un 80 por ciento más que en los 10 años previos, y un 18 por ciento más que en 2021. Pero, entre pago de importaciones, sobre todo de energía, de servicios al exterior como el turismo, y deudas privadas, el Banco Central casi no acumuló reservas.

Con cuentas públicas sometidas a la presión constante de las revisiones, la única variable atendida es la de ingresos. La compensación viene por el lado del precio. Las exportaciones de los principales complejos agroindustriales ascenderían a 50.700 millones de dólares, un 7,5 por ciento sobre al año pasado. Pero, ¿quién captura esas mejoras?

¿Los productores odian las retenciones? Al actuar sobre los ingresos y no sobre los costos, ejercen un efecto que amplifica la vulnerabilidad. Al incentivar la aversión al riesgo, empujan la producción hacia el cultivo de menor inversión y mayor rentabilidad. Al impactar de lleno, no discriminan distancias respecto al puerto. Al desdoblar el tipo de cambio, imponen una diferencia negativa para el precio de dólar que recibe el productor. Y la recaudación vuelve a cuentagotas al interior del que surgió. 

De esa forma, la producción queda bajo sospecha y amenaza. Y se profundizan las tendencias evasivas y los compases de espera. Pero la erradicación de cuajo de las retenciones directamente noquearía al Estado. Sin volcarse en inversión productiva y, por lo tanto, generar un mayor ingreso por otras vías, la eliminación de los derechos de exportación se parece más a una utopía o un intento de socavar el sistema democrático tal y como lo conocemos. Pero es un asunto demasiado aburrido. 

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Autor

  • Hace periodismo desde los 16 años. Fue redactor del periódico agrario SURsuelo y trabajó en diversos medios regionales y nacionales. En Instagram: @lpaulinovich.

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