Un viejo axioma del hampa asegura que el lugar indicado para desarrollar una actividad delictiva suele encontrarse cerca de una comisaría, porque lo que está a la vista puede pasar desapercibido. Tal vez haya sido el criterio de los que instalaron una sala de apuestas ilegales en un bar ubicado frente a la Unidad Regional V de la Policía de la Provincia, en la ciudad de Rafaela, allanado el miércoles como parte de procedimientos contra el juego clandestino.
Tarde pero seguro, tres años después de recibir la denuncia, el fiscal Martín Castellano ordenó 39 allanamientos en esa ciudad y localidades vecinas e imputó como jefe de una asociación ilícita a David Perona. Quizá acusó recibo del pedido de los senadores del Nuevo Espacio Santafesino para que se investigue la demora, o se sintió tocado en el amor propio por los fiscales rosarinos que detectaron la red de casinos del capitalista Leonardo Peiti y, entre otras acciones, llegaron a Rafaela y concretaron la primera imputación contra Perona, el llamado rey del juego clandestino que suele posar con cara de pocos amigos ante los fotógrafos.
La policía de proximidad con el juego clandestino es el objetivo inmediato de la investigación que llevan adelante en Rosario los fiscales María Eugenia Iribarren, Luis Schiappa Pietra, Gisela Paolicelli y Matías Edery. El celular del ex comisario Alejandro Torrisi y los back ups de Peiti serían los ábrete sésamo de un mundo que no por conocido deja de resistirse a las investigaciones: la complicidad policial con el delito, un iceberg históricamente sumergido.
Dos estilos
El ex comisario Torrisi, imputado como regente y administrador de casinos por cuenta de Peiti, dejó huellas de sus contactos con policías en actividad, como el asiento de su visita al jefe de la Agencia de Investigación Criminal en Rosario en un libro de guardia o su ingreso a paso vivo en la Jefatura de Policía, documentado en tomas fotográficas.
La participación policial se remonta a los orígenes del pacto entre el ex fiscal general de Rosario Patricio Serjal y Peiti, el 5 de diciembre de 2018, cuando el fiscal Gustavo Ponce Asahad armó una causa por juego clandestino a partir de un informe del comisario de la ex PDI Víctor Martínez, el mismo que en una de las escuchas telefónicas suplica más tarde a Peiti que le dé “al menos un positivo”, aparentemente para salvar la ropa de la represión del juego clandestino.
La invención de una causa que oficiara de paraguas fue la primera expresión del pacto de los fiscales con Peiti, como intento de neutralizar una investigación que el fiscal Matías Merlo, de Melincué, había comenzado en 2017. En junio de 2018, durante el allanamiento a un garito de Hughes, surgió el nombre de Peiti como el organizador de una red de casinos clandestinos extendida de un extremo al otro de la provincia.
Las sospechas sobre la complicidad de altos oficiales con el funcionamiento de casinos clandestinos crecen mientras el jefe de la policía provincial, Víctor Sarnaglia, se mantiene en silencio. Ni siquiera respondió a la versión según la cual Peiti lo tiene en cuenta en el manuscrito de puño y letra en el que discrimina el pago equitativo de coimas para distintas fuerzas de seguridad y fiscalías, como quien enciende una vela para cada santo. De acuerdo a esa hipótesis, la mención de “Sarna” en ese documento no es una anotación en clave sino la abreviatura del apellido. Hay misterios que a primera vista parecen sencillos de resolver.
Hasta el momento, sin embargo, no surge ningún dato que involucre al jefe de policía de la provincia en la investigación. El documento en cuestión es un impreso con una lista de cuarenta direcciones de capitalistas de juego clandestino en el departamento Rosario con una anotación manuscrita en la que Peiti calcula que cada sala tiene un gasto operativo mínimo de 30 mil pesos mensuales en coimas. No hará falta una pericia caligráfica: el “empresario”, imputado colaborador de la Justicia, reconoció su letra y declaró que el texto corresponde a un plan de inversiones que no se realizó.
—Estábamos armando un negocio que no se llegó a concretar —dijo, ante los fiscales, que no quedaron convencidos.
El silencio de Sarnaglia se contrapone a la locuacidad del ministro de Seguridad, Marcelo Saín, cuyas publicaciones en Twitter tienen a veces la forma de titulares periodísticos. Incluso le da letra en sentido literal al periodismo de la provincia: la expresión “mafia cheta”, creación del ministro, parece ya impuesta para bautizar al grupo que integraba el abogado y ex funcionario Agustín Andereggen, quien pretendía percibir una deuda de juego con los métodos de las patotas que aterrorizan a morosos incobrables.
El hilo de Ariadna
La frase “casino clandestino” puede llevar a confusiones. No se trata de grandes infraestructuras, ni de sedes fijas, sino de máquinas que se instalan en clubes, bares, galpones y domicilios particulares. Son instalaciones precarias, al modo de los viejos cibers, listas para ser levantadas ante la eventualidad de las investigaciones judiciales.
Naturalizado por la costumbre, el juego clandestino se reviste de legalidad en las instituciones sociales donde corren las apuestas y parece inofensivo, completamente despojado de la violencia necesaria para dirimir la competencia en mercados ilegales como el del narcotráfico. Hasta respeta el aislamiento social por la cuarentena y se vuelve virtual, a domicilio: “En esos casos el administrador vende créditos con los cuales los usuarios juegan a la ruleta, al Black Jack o al juego que sea, que puede habilitar en su computadora”, explica un investigador.
“En Santa Fe hay juego clandestino por todos lados, es un canal de muchísimo dinero ilícito —dice el fiscal regional de Venado Tuerto, Alejandro Sinopoli—. Existe la cultura de cuál sería el problema, si en los allanamientos te encontrás con jubilados, vecinas y chicos jóvenes que van a jugar. El problema es el circuito que ese dinero empieza a recorrer. Todo lo que es dinero clandestino es un factor de corrupción”.
En noviembre de 2019, el comisario Danilo Iván Barrientos fue imputado en Reconquista como jefe de una asociación ilícita dedicada a la explotación del juego clandestino. No fue un caso excepcional. De norte a sur de la provincia, la pata policial asoma como uno de los sostenes en la mesa del juego ilegal. No se trata ya de que la policía cierre los ojos sino, al contrario, de que los tenga bien abiertos y cambie de actitud: de la tolerancia pasiva a la participación activa en el delito.
La complicidad de policías con el juego clandestino está consagrada por la costumbre, puede seguirse en las causas por enriquecimiento ilícito de comisarios que duermen un profundo sueño en la justicia santafesina y no sorprende a nadie. Lo novedoso es por un lado la aparición de un nuevo jugador: los Monos obtuvieron de Peiti la cesión de al menos dos casinos, a cambio de “protección”, y se sospecha que tendrían injerencia en otros, fieles a su hábito de controlar los mercados en que actúan e interesados en un negocio rentable que no requiere mayor inversión en mano de obra y permite beneficios inmediatos. La participación policial, además, es el posible hilo conductor en un laberinto donde se mueven otros actores, como sugiere el llamado del ex diputado provincial Darío Scataglini a Peiti el 10 de julio.
La intervención del celular permitió conocer el diálogo de la secretaria de Peiti con Scataglini, quien invocó al senador Traferri. Lo que no se sabe es si el capitalista devolvió el llamado, no ya desde esa línea, porque sabía que estaba pinchada gracias al aviso del fiscal Ponce Asahad, sino desde otro teléfono que usaba y cuyas comunicaciones no pudieron ser registradas.
Entrevistado por Hernán Funes en Canal 3, Peiti declaró que explota 250 terminales de lotería de video en Misiones y que desde hace tiempo está “haciendo fuerza” para lograr un acuerdo con la Lotería de Santa Fe para instalar terminales en las 2.500 agencias oficiales de lotería de la provincia. Rápido para los números, calculó que solo la provincia tendría un beneficio neto mensual de entre 600 y 1000 millones de pesos, “para que se le pague bien a la policía y mejorar la inseguridad” (sic).
—Es verdad que ese hombre (Scataglini) me ha llamado, porque estuve hablando con varios senadores —agregó Peiti—. Mi abogado conoce también a varios senadores y la idea era ver si podíamos lograr ese acuerdo. Pero nada fuera de lugar. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones.
Las conclusiones todavía están en proceso. La caja negra designa históricamente al dinero de la recaudación ilegal, un flujo contante y sonante de efectivo. Sin descartar ese aspecto, tal vez el juego clandestino descubra otro tipo de caja negra en relación a la política: aquella que, como en los medios de transporte, registra la actividad oculta y contiene la información de su funcionamiento.
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